Descripción
Natalia Bermúdez – Agustín Villarreal – Nahuel Blázquez
Compiladores
Disputas y resistencias en clave etnográfica
Los procesos de democratización que se sucedieron en América Latina no han sido homogéneos ni estables y aún están lejos de clausurarse. Los países de la región vienen atravesando crecientes dificultades en diversas áreas. La recuperación de la vida democrática en Argentina hace más de 40 años también nos coloca frente a una multiplicidad de complejidades y desafíos. Particularmente en los últimos años, gran parte de los obstáculos se reconocen en el fuerte retroceso en materia de derechos humanos. Y en este escenario, la violencia institucional parece haber adquirido características peculiares: represión y crueldad espectacularizada hacia grupos vulnerables.
En esta compilación nos proponemos reflexionar, discutir y revisar algunas dimensiones centrales de la violencia institucional en Córdoba tras el retorno a la vida democrática desde actores, perspectivas y temporalidades poco discutidas o relegadas en la literatura académica y en la conversación pública. Este enfoque nos permitirá analizar las potencialidades de una categoría “consagrada”, con su propia legitimidad y recorrido, así como su pregnancia, sus limitaciones, desplazamientos y contornos difusos.
Nos preguntamos: ¿de qué otros modos es enunciada la violencia institucional? ¿Qué otras categorías se les asocian? ¿Cómo se movilizan tales categorías y en qué contextos? ¿Qué temporalidades, alteridades y marcos de sentido emergen cuando nuestros interlocutores narran, disputan o atraviesan la violencia institucional?
Los capítulos compilados son el resultado del trabajo de campo etnográfico extendido en el tiempo junto a personas que transitan y/o transitaron espacios de encierro y sus familiares, personas que se reconocen como trabajadores sexuales, familiares de víctimas de violencia institucional y activistas, hinchas de fútbol, jóvenes provenientes de sectores populares, policías retirados y penitenciarios. Las pesquisas también trataron con expedientes judiciales y con aquellos “expertos” (profesionales del derecho, arquitectos y criminólogos) que, dentro del gobierno provincial y en distintos escenarios, buscan definir la seguridad ciudadana.